La presidencia de la Suprema Corte turnó este jueves al ministro Alberto Pérez Dayán los primeros cinco recursos promovidos por la oposición contra la primera parte del denominado “Plan B” de reforma electoral impulsada por el gobierno federal.
Será en las próximas semanas cuando Pérez Dayán, asignado para revisar las acciones de inconstitucionalidad, defina si las admite o no a trámite para su posterior formulación de proyectos y luego su análisis en el pleno de la Corte.
Se trata de las impugnaciones a las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permite a servidores públicos puedan ejercer su libertad de expresión durante los procesos electorales y hacer proselitismo.
“En virtud de que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en este asunto y el controvertido en las diversas acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023 y 38 2023 promovidas respectivamente por los Partidos Políticos Nacionales denominados de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por diversos Diputados y Senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, se ordena la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad y túrnese al Ministro que corresponde, al haber sido designado instructor en los referidos asuntos”, señala el acuerdo.
Falta que sean tornadas para iniciar su revisión al menos una decena de demandas promovidas por municipios
Hasta la tarde de este jueves aún quedaban pendientes por turnar las controversias constitucionales promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos ayuntamientos del país contra el “Plan B” en materia electoral.
El retraso para enviar a alguna de las ponencias del alto tribunal las impugnaciones a la primera parte de la reforma electoral se debió a un reajuste al sistema de turnos que se realizó tras la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la SCJN.
Las primeras acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas desde el 23 de enero pasado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). De forma oficial fueron turnadas el 2 de febrero pero hasta este jueves se hizo público el acuerdo.
