Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frena la orden del Tribunal Electoral a la Fiscalía General de la República (FGR) de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) las carpetas de investigación sobre presuntos delitos electorales cometidos por Pío López Obrador y David León.
Yasmín Esquivel concedió este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) una suspensión alegando que de entregarse la información solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) se vulneraría el derecho humano de protección de los datos personales.
El acuerdo señaló:
De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente; lo que resulta contrario la naturaleza jurídica de la medida precautoria de que se trata
En febrero de este año el Tribunal Electoral insistió en la entrega
En febrero de 2022 el Tribunal Electoral insistió en que la Fiscalia Especializada para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar el expediente de Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE).
En ese momento la Sala Superior consideró fundado un juicio de incumplimiento luego de 30 días de haber emitido una sentencia en el mismo sentido.
El 22 de diciembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la Fiscalia Especializada para Delitos Electorales (FEDE) entregar al INE la documentación relacionada con diversas carpetas de investigación a su cargo, ya que dicha información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Sala Superior un escrito en el que manifestó que han pasado más de 30 días sin que la FEDE cumpliera con la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribubunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por tanto, y asumiendo que el secreto ministerial no se opone a la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, el INE solicitó al TEPJF que se pronunciara al respecto de la situación.
