El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza , ha dado un paso significativo al presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la Reforma Judicial .
De acuerdo con lo suscrito en el documento, esta acción se fundamenta en la preocupación de que la reforma encierre elementos que podrían alterar el sistema electoral del país, además de todos los comentarios que ha traído en las últimas semanas.
¿Por qué Marko Cortés presentó una acción de inconstitucionalidad?
El panista argumentó que la reforma no solo afecta a los procesos judiciales, sino que introduce cambios significativos en el ámbito electoral. En su opinión, la propuesta establece que jueces y magistrados sean elegidos directamente por la ciudadanía, un proceso que, según él, debería ser organizado y supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Agregó que esta reforma podría permitir que el máximo tribunal del país tenga un papel en la calificación de los procesos electorales, lo que podría generar conflictos de interés y afectar la imparcialidad del sistema judicial. Cortés Mendoza considera que es crucial revisar y adecuar el modelo electoral para evitar cualquier tipo de interferencia política en las elecciones de jueces y magistrados.
Presenté una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial ante la @SCJN, ya que lo aprobado por Morena no es solo una reforma judicial, sino una reforma electoral disfrazada.
— Marko Cortés (@MarkoCortes) October 7, 2024
Al incluir la elección popular de jueces, se afecta la independencia judicial y el proceso…
Acusan uso ilegal del “fast track”
Además de las implicaciones electorales, Cortés Mendoza ha expresado su alarma por ciertos aspectos del proceso legislativo que llevaron a la aprobación de esta reforma. Ha señalado irregularidades como la falta de cumplimiento de suspensiones dictadas por jueces y vicios procesales durante las votaciones en la Cámara de Diputados. También ha criticado la instalación ilegal de órganos en el Senado y el uso del “fast track” para acelerar la aprobación en congresos estatales.
Otra preocupación importante es la falta de deliberación efectiva y diálogo con las comunidades indígenas, lo que podría comprometer su derecho a participar activamente en decisiones que les afectan.
