De fosas y masacres: la impunidad de San Fernando, Tamaulipas

A más de una década del atroz asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, aún persisten dudas e inconsistencias en el caso.

Escrito por: Lesli Jiménez Espinosa

Editorial de Lesli Jiménez|La impunidad de San Fernando, Tamaulipas
Editorial de Lesli Jiménez|La impunidad de San Fernando, Tamaulipas

Corrían los años 2009 y 2010 y el municipio de San Fernando, Tamaulipas, se convirtió en el escenario del fuego cruzado entre Los Zetas y el Cartel del Golfo. Desapareciendo a su paso, a más de 300 personas…

A más de una década del atroz asesinato de 72 migrantes en aquel municipio, persisten dudas e inconsistencias, pero los más delicados, es que la práctica de desaparecer personas en nuestro país a manos de la delincuencia, sigue vigente a lo largo y ancho de México.

Por ello, resulta oportuno contextualizarse en esa realidad, de la cual ni somos ajenos ni estamos exentos.

Marcela Turati ofrece una mirada periodística sobre el fenómeno de violencia en Tamaulipas

Así es como llega el libro de Marcela Tureti, titulado ‘San Fernando: última parada’. Un trabajo periodístico que reúne 12 años de la vida de la autora, y pesquisas sobre la extensa lista de hombres mexicanos y centroamericanos bajados a la fuerza de los autobuses que se dirigían a Reynosa, Tamaulipas.

Enlace episodio de hechas letras https://open.spotify.com/episode/4kzpBinnAazCoi7UbedgN9?si=01aef5940d884509

Donde a través de una escritura coral, vamos descubriendo las vidas de personas que se quedaron sin respuesta; sin respuesta de sus familiares que jamás volvieron a hablar, sin respuesta de las autoridades que “no sabían lo que pasaba”, sin respuesta de la justicia cuando les envío (a familiares de las víctimas) arcilla y piedras en un ataúd, en lugar del supuesto cuerpo su hijo.

Y toda esta potente investigación de Marcela Turati, para terminar siendo señalada e investigada por las autoridades mexicanas por el delito de “crimen organizado” y “secuestro”.

Esa investigación abierta en 2016 por la Fiscalía General de la República, consistió en intervenir su teléfono celular, revisar las coordenadas de geolocalización para saber dónde había estado, acceder a los datos que como toda ciudadana, brinda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener su pasaporte.

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