Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, logró que un juez de control le otorgara el sobreseimiento del proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, pero el Ministerio Público podría impugnar la decisión del juzgador.
El exmandatario actualmente se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
¿Por qué Javier Duarte fue acusado de desaparición forzada?
Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz señalan que Javier Duarte está presuntamente relacionado con el hallazgo de los restos de 19 personas en enero de 2016 en el municipio de Emiliano Zapata, en esta entidad, y a unos escasos metros de la academia de policía.
El exgobernador fue señalado por ordenar encubrir el número total de víctimas halladas en la barranca La Aurora.
La indagatoria iniciada por la fiscalía de Veracruz, refiere que como gobernador, Javier Duarte, posiblemente estaría relacionado con la desaparición y manipulación de información sobre las 19 personas halladas y que fueron identificadas el 4 de abril de 2018.
En 2021, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron en reclusión una orden de aprehensión contra Javier Duarte , por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas.
¿De qué fue acusado Javier Duarte y cuántos años le dieron?
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció el 13 de octubre de 2016 la obtención de una orden de aprehensión en contra del exgobernador, quien fue detenido el 15 de abril del 2017 en Panajachel, Guatemala y posteriormente extraditado a México.
En septiembre de 2019, fue condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa .
Las investigaciones de la entonces PGR refieren que Javier Duarte supuestamente encabezó una red delictiva con la que desvió 223 millones de pesos del erario, que posteriormente se entregaron a empresas fantasmas para triangular a compañías y prestanombres.
Estas indagatorias, que contaron con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, detectaron que los contratos con dichas empresas ocurrieron entre 2012 y 2013.
