El Gobierno de México impugnó ante un tribunal federal la orden emitida por una jueza para modificar la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 e incluir a los menores de edad de entre 12 y 17 años.
Según registros judiciales el abogado general de la Secretaría de Salud promovió un recurso de revisión contra el fallo emitido en octubre pasado por lo que serán tres magistrados quienes definan la legalidad del mandato para vacunar a los adolescentes.
El 27 de octubre una jueza federal del Estado de México dio un plazo de cinco días hábiles al Gobierno Federal para actualizar la estrategia de vacunación anticovid e incluir en el plan a todos los menores de entre 12 y 17 años sin distinción de su estado de salud.
La jueza señaló que de incumplirse su mandato denunciaría ante la FGR
La titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan expuso que de incumplirse con su mandato, denunciará el desacato ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque las autoridades sanitarias estarían incurriendo en el delito de abuso de autoridad.
“Reitérese a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto(en) la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal, por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del ministerio público de la federación para los efectos conducentes”, señala el acuerdo.
Ante esto, la juzgadora emplazó a que la Secretaría de Salud informe sobre las gestiones realizadas para actualizar la “Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19” y sean considerados los menores de edad.
En su acuerdo señaló que la aplicación de las dosis a los menores de este grupo de edad debe ser parte del calendario de julio de 2021 a marzo de 2022 y no necesariamente en lo inmediato con el objetivo de no perjudicar a otros grupos vulnerables.
“Actualicen y/o adicionen la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la covid-19 en México”, en la que consideren a todos los menores de ese grupo etario para que sean inoculados dentro de la temporalidad que establece el punto cinco de la logística de la estrategia de vacunación (julio de 2021 a marzo de 2022)”.
Aclaró que el mandato no tiene como fin alterar la Política Nacional de Vacunación sino la de integrar, en esta, a los menores
La juzgadora explicó que la suspensión definitiva con efectos generales “no está encaminada a alterar la Política Nacional de Vacunación”, sino integrar a ésta a los menores de entre 12 y 17 años de edad.
Expuso que el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad, de ahí que deben realizarse todos los esfuerzos indispensables para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud.
