El Fiscal General de Campeche, Renato Sales, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, diputado federal del PRI. Lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche.
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna leyó la solicitud contra Alejandro Moreno del fiscal de Campeche Renato Sales.
“Están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.
Dicen que, de acuerdo de acuerdo al Código Penal del estado, este delito se castiga con 25 años de cárcel dependiendo del monto.
El Fiscal rechazó que existan motivos personales, venganza o incluso tenga relación con los audios escándalos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores ha divulgado.
“La careta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con un delito de enriquecimiento ilícito, en que consiste este tipo penal en la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades en las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre”.
Aunque el Fiscal de Campeche no reveló la diferencia entre el monto de los ingresos y lo declarado en su patrimonio, dijo que entre las diligencias de la investigación figura el cateo de la casa del fraccionamiento Lomas del Castillo, en Campeche, valuada en más de 130 millones de pesos, obras de arte, como cuadros, esculturas y piezas artísticas con valor aproximado de 50 millones de pesos, entre otros bienes.
La petición fue recibida directamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Se turnará a la Secretaria General de San Lázaro quine la mantendrá abajo resguardo hasta en tanto se instale la Sección Instructora, encargada de analizar las solicitudes de desafuero en contra de servidores públicos.
