Rancho Izaguirre en Jalisco: Guerreros Buscadores demandan transparencia a la FGR
Colectivo de búsqueda en Jalisco denuncia exclusión y desconfianza en investigación en el rancho Izaguirre a pesar de sus hallazgos y pruebas.
Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco manifestaron su profunda desconfianza hacia las autoridades, incluyendo la fiscalía local y, hasta hace poco, la Fiscalía General de la República (FGR), en relación con la investigación del rancho Izaguirre descubierto desde septiembre del año anterior.
Indira, vocera del colectivo, expresó su frustración ante la falta de acción oportuna por parte de las autoridades estatales, señalando que, a pesar de los hallazgos realizados por las familias de desaparecidos en sus propias búsquedas de campo, no se dio seguimiento adecuado.
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“Confianza sabemos de antemano que no hay”, lamentó Indira, explicando que ante la inacción estatal, el colectivo intentó colaborar con las autoridades locales, aunque sin los resultados esperados. Los buscadores realizaban labores de rastreo y localizaban indicios en diversos lugares, requiriendo la intervención oficial para las diligencias correspondientes. Sin embargo, la respuesta no siempre fue la adecuada.
Colectivo denuncia exclusión en investigaciones del rancho Izaguirre
Ahora que la FGR ha retomado la investigación y se han comenzado a observar algunos resultados, el colectivo denuncia haber sido excluido del proceso. Indira señaló que no han tenido el acercamiento ni el canal de comunicación que consideran esencial, llegando incluso a enviar un oficio al fiscal general para solicitar su participación.
Argumentan que esta exclusión representa una violación a sus derechos, amparados en la Ley Federal de Desaparición Forzada y de Víctimas, que les otorga el derecho de observar y trabajar en coordinación con las autoridades.
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Según Indira, hasta el día anterior a la entrevista, la FGR tomó control total del lugar, impidiendo el acceso a las autoridades estatales, lo cual consideran positivo. No obstante, persiste la incertidumbre sobre la efectividad de las investigaciones federales, ya que el colectivo proporcionó información a las autoridades estatales sobre hallazgos positivos de fosas clandestinas, confirmados por georradar, además de los presuntos crematorios, sin que se actuara en consecuencia. Esta situación genera una profunda inquietud en las familias sobre el destino de los cuerpos que pudieran encontrarse en el lugar.
Colectivo Guerreros Buscadores: Los que localizaron el presunto campo de exterminio en Jalisco
Ante la minimización de sus hallazgos por parte de algunos sectores, quienes los catalogan como “grupos de choque”, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco expresó su “mucha impotencia”.
Indira enfatizó que son un colectivo apartidista y que no se han prestado a intereses políticos ni económicos. Subrayó que fueron ellos quienes realmente localizaron el presunto campo de exterminio y que cuentan con pruebas sólidas, incluyendo testimonios de testigos reales que están dispuestos a declarar ante la FGR. La vocera explicó que la demora en hacer pública cierta información se debe a la prioridad de proteger la seguridad de los testigos y de otras víctimas relacionadas con el caso.
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Colectivo ha recabado testimonios, pruebas y análisis técnicos
El colectivo ha recabado numerosos testimonios y pruebas, incluyendo análisis técnicos que sugieren el uso del lugar como crematorio en fechas coincidentes con el hallazgo de un crematorio de gran magnitud en 2019 en áreas cercanas. Estos análisis, basados en información satelital, buscan demostrar la presencia de fuego y la posible utilización de hidrocarburos, elementos que dejarían rastros específicos en las cenizas, indicativos de restos humanos. Indira adelantó que estos estudios estarían por hacerse públicos.
La impotencia del colectivo se agudizaba ante la inacción del gobierno estatal, que, a pesar de los testimonios presenciales y las anomalías detectadas por el georradar que señalaban posibles fosas, no procedía a abrir ni investigar. Indira solicitó mantener un contacto continuo con los medios, afirmando que poseen evidencias y un documento que probaría que la Fiscalía General tenía conocimiento del caso desde hace seis meses, información que el colectivo se mantiene firme en no abandonar.