Un juez de Estados Unidos desestimó gran parte de la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el gobierno de México con el fin de hacer responsables a los fabricantes de armas de facilitar el tráfico de sus productos a los cárteles del narcotráfico.
El juez de distrito estadounidense Dennis Saylor, de Boston , desestimó este miércoles 7 de agosto de 2024 las demandas contra seis de las ocho empresas que México había demandado en 2021, entre ellas Sturm, Ruger RGR.N y Glock, alegando problemas jurisdiccionales.
Gobierno mexicano no demostró que armas vendidas causaran daño
Calificó la conexión de las empresas con Massachusetts de “mínima en el mejor de los casos”. Ninguno de los seis se ha establecido en el estado, y Saylor dijo que México no había demostrado que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts le había causado ningún daño.
Aunque México argumentó que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts acabaran siendo traficadas ilegalmente a México, Saylor dijo que el país carecía de pruebas suficientes para demostrar un nexo jurisdiccional.
Otras empresas contra las que desestimó las demandas fueron Barrett Firearms Manufacturing; Colt’s Manufacturing Company; Century International Arms; y Beretta USA.
¿Qué otra demanda tiene el gobierno de México?
Cabe recordar que el gobierno de México también emprendió una demanda el 10 de octubre de 2022 contra cinco tiendas de armas en Arizona, en Estados Unidos, debido a que consideró que con su negligencia, facilitan el tráfico ilegal de armas a nuestro país.
El 25 de marzo de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que había recibido una sentencia a su favor en la demanda que emprendió, debido a que argumentó que las tiendas de armamento facilitaban el tráfico de armas con datos de trazabilidad.
La jueza Rosemary Márquez afirmó en ese entonces que las tiendas tenían señales para saber que las armas que vendieron y terminarían en México y que serían utilizadas para fines ilegales. Debido a esta razón, la corte reconoció que nuestro país contaba con derecho para demandar a nombre de la nación y de su población.
