Tiene menos de una semana de haber empezado y ya el juicio a Genaro García Luna, el expoderoso secretario de Seguridad del gobierno de México, está sorpresivamente virando hacia donde nadie esperaba. El Juez, Brian Cogan, a quien muchos recuerdan porque presidió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dejó a los fiscales con la boca abierta al restringir que el jurado escuche algunas pruebas, que fueron listadas por los fiscales contra el acusado.
Es un golpe inesperado. En la documentación del juicio los fiscales afirmaron tener en su poder más de 1.2 millones de páginas de documentos, miles de grabaciones y una lista de testigos que cooperaron y que podrían testificar sobre la entrega de sobornos multimillonarios a autoridades mexicanas. Es un golpe grave, porque esta decisión invalidará miles de las supuestas pruebas contra el acusado.
La decisión del Juez no hace desaparecer ni las pruebas ni los elementos de culpa, pero al no permitir que los jurados los vean o los escuchen, hace invisible a toda esa evidencia y por lo tanto, para este juicio, es como si no existiera.
Genaro García Luna es el exfuncionario más connotado del gobierno mexicano en ser sometido a un juicio público en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico en los dos países. Entre los años 2000 y 2006 fue jefe del equivalente mexicano del FBI. Y del 2006 al 2012 fue el primer secretario de Seguridad del Gobierno de México.
Diseñó la estrategia mexicana contra los cárteles de la droga. Quienes trabajaron con él, dicen que regía con puño de hierro, usando toda la enorme influencia que los dos presidentes a quienes sirvió directamente le dieron durante 12 años de poder absoluto.
Estados Unidos afirma que hay una independencia total entre las acciones de su gobierno y su poder judicial, y si esto es cierto, en este juicio, eso podría iluminar hasta qué punto los líderes mexicanos al más alto nivel han sido cómplices del crimen organizado. Pero también, hasta qué punto esto no le conviene a la relación bilateral de los dos gobiernos.
¡Ya comenzó!
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2023
El juicio contra #GarcíaLuna es presidido por el juez Brian M. Cogan, el mismo tribunal y juez que estuvo a cargo del caso contra Joaquín “El #Chapo” Guzmán.https://t.co/pQrZ0Z4CX0
Este proceso podría sacudir a México, a sus políticos y a los funcionarios públicos de los dos países. Este juicio les abriría los ojos a muchos mexicanos y estadounidenses, acerca de porqué la supuesta guerra a las drogas durante décadas ha sido totalmente inefectiva.
En México, en el centro de todo esto está Felipe Calderón, el presidente que del 2006 al 2012 protegió a García Luna. Es natural esperar que Calderón enfrente ahora preguntas que le causarán mucha comezón acerca de su propia participación en los sobornos multimillonarios de que se acusa a García Luna.
El presidente era el único jefe al que el secretario de Seguridad respondía. Recuerde usted que una de las acusaciones principales es que miembros del cártel de Sinaloa le entregaron a Genaro García Luna hasta 6 millones de dólares en efectivo. El juicio es para probar si esto es cierto, y obviamente si el exsecretario se quedó con el total o repartió el dinero con uno o más funcionarios del gobierno mexicano o con el mismo presidente Calderón.
Pero ahora los impedimentos en la presentación de evidencia que está dictando el Juez Cogan, están haciendo crecer la duda de si todo lo anterior, se ventilará al aire libre como los fiscales habían planeado.
Hay que decir también, que no hay absolutamente nada sólido o concreto que pruebe que el expresidente Calderón conocía de los sobornos, o que participó de ellos.
Pero aun así, la cuestión surge, ¿podría ser llamado a testificar al juicio el expresidente Felipe Calderón? ¿Qué tal Vicente Fox, el mandatario que le dio fuerza inicial a García Luna?
Durante el juicio del Chapo Guzmán , el juez Cogan aceptó el testimonio de otros traficantes y criminales que claramente cooperaron para reducir sus sentencias y obtener favores adicionales por su ayuda contra el líder del cártel de Sinaloa.
Pero ahora en este nuevo juicio, revirtiendo sus procedimientos, el mismo juez está impidiendo el uso de criminales como testigos de cargo.
Y no solo eso, también les ordenó a los fiscales no informarle al jurado la vida extravagante, cara y llena de lujos que García Luna tuvo en sus años de residir en Estados Unidos, porque “no está comprobado que esos lujos fueron pagados con dinero mal habido”, y darle a conocer al jurado este aspecto de la vida reciente de García Luna lo predispondría contra el acusado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su código de procedimientos
El código “International Extradition and Related Matters” establece cómo hacer comparecer a testigos residentes en el extranjero.
Cualquiera preguntaría si estos procesos se aplican todavía a los ciudadanos extranjeros naturales de otros países. La respuesta es que el manual sirve precisamente de guía para obtener ese fin.
Teóricamente, en Estados Unidos todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones. Lo que no está claro es si Estados Unidos estaría dispuesto a forzar el testimonio de expresidentes mexicanos en un juicio tan público como este.
Tome usted en cuenta que esa sería una decisión política, más que una decisión legal. Lo curioso es que seguramente al actual presidente de México, que tiene un particular desprecio por Felipe Calderón, no le desagradaría la idea.
Calderón vive hoy en España, pero la tecnología lo puede producir instantáneamente para que, bajo juramento de decir verdad, responda a las preguntas de los fiscales y los abogados defensores para este juicio desde donde se encuentre.
Lo que nadie está considerando aun, es qué ocurriría en caso de que se negara a testificar, y si el gobierno estadounidense utilizaría sus tratados de extradición con España para traer a Calderón por la fuerza y sentarlo en el banquillo de los testigos.
¿Posible? Claro que lo es. ¿Probable? Esa es otra cuestión.
Si nadie llamara a los expresidentes a testificar, los fiscales insistirán en oír el testimonio de varias “peritas en dulce” que purgan condenas en EU por narcotráfico y otros crímenes. Pero aquí hay nuevos impedimentos puestos por el juez.
La lista incluye al hermano de “El Mayo” Zambada, quien previamente en el juicio de El Chapo Guzmán, testificó haberle entregado a Genaro García Luna un maletín con más de 3 millones de dólares en efectivo.
Otro testigo es Edgar Veytia, exfiscal general del estado mexicano de Nayarit, apodado “El Diablo”. Veytia fue arrestado en el 2017 cuando intentaba cruzar la frontera de Estados Unidos y luego de un juicio fue encontrado culpable de “usar su posición oficial para proteger al narcotráfico organizado”.
El Departamento de Justicia determinó que Veytia es poco fiable y eso obligó al Juez Cogan a ordenarle al gobierno que “produjera todos los materiales en su poder sobre la credibilidad de Veytia”. Después de revisarlos, el juez Cogan acaba de impedir que Veytia testifique.
Un testigo más habría sido Alex Cifuentes-Villa. Traficante de cocaína colombiano que alguna vez estuvo cerca de El Chapo. Cifuentes-Villa ayudó a los fiscales a condenar al exjefe del cártel de Sinaloa en 2019 testificando en su contra. Pero el Juez Cogan ordenó, sorpresivamente, que el jurado no escuche esa evidencia, porque la consideró “perjudicial para el acusado y poco confiable para el jurado”.
Esto apenas empieza, pero hubo personas que no fueron seleccionadas porque expresaron dudas desde la selección del jurado, de que el testimonio de los criminales convictos fuera el principal elemento para decidir si García Luna es culpable o inocente.
Ahora los fiscales, después de hacer tanta alharaca sobre las evidencias de culpabilidad del acusado, dejan dudas de si esto es lo único que encontraron, y si es lo único con lo que se están presentando en este que podría ser, el juicio de la década.
El Juez Cogan tiene sorprendida a mucha de la prensa cubriendo este juicio. ¿Porque está, al menos en apariencia, favoreciendo a la defensa?
El tráfico de drogas entre Estados Unidos y México les ha pegado a ambas naciones causando adicción, delincuencia y daños a la salud pública.
En Estados Unidos, el auge de los opioides causó una epidemia de sobredosis, entre gente de todas las edades arruinando sus vidas y costándole al gobierno miles de millones de dólares en atención médica y control de drogas.
En México, el crimen organizado se ha vuelto más sofisticado y poderoso debido a las grandes sumas de dinero que genera el narcotráfico, provocando un aumento de la violencia, y convirtiendo a millones de mexicanos en víctimas y a su país en uno de los más peligrosos del mundo.
Si este juicio no sirve para exhibir la clara corrupción que ha existido por décadas entre los encargados de combatir a las drogas ilegales en los dos lados de la frontera, nos tendremos que preguntar, si este juicio resultó siendo... el de los sueños rotos.
