Contrapesos judiciales: Lecciones de EU y México en la lucha contra el autoritarismo

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, dejó claro que llegaba con una agenda ambiciosa y una voluntad de actuar con rapidez.

Una de sus primeras acciones fue la firma de una serie de órdenes ejecutivas que, a primera vista, parecían contravenir la Constitución. Trump, consciente de la posible oposición, incluso anticipó la posibilidad de que los tribunales bloquearan sus medidas, aunque expresó su escepticismo sobre la probabilidad de que esto ocurriera.

En Estados Unidos, el presidente y su partido político controlan el Congreso, dominando tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Esta situación ha dejado a la oposición demócrata con pocas herramientas para frenar las políticas de Trump.

Elizabeth Warren, una figura destacada de la oposición, ha descrito la situación como una “pesadilla” y ha instado a utilizar todos los medios disponibles para resistir.

Sin embargo, en medio de este panorama, el Poder Judicial de Estados Unidos se erige como un contrapeso crucial. A diferencia de México, donde algunos celebran la inoperancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Estados Unidos el Poder Judicial sigue siendo la última línea de defensa contra los abusos de poder.

Un ejemplo claro de esto es cuando un juez estadounidense bloqueó temporalmente la orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Trump, visiblemente frustrado, respondió que apelaría la decisión, señalando al juez de Seattle que emitió el fallo. Este incidente subraya la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, y cómo este último puede frenar las acciones del presidente.

Mientras que en Estados Unidos el Poder Judicial actúa como un freno al Ejecutivo, en México la situación es diferente. Un año antes de la llegada de Trump al poder, en febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba una reforma que hoy se conoce como su “herencia maldita”.

Esta reforma incluía la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial por el pueblo, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por el Congreso.

Además, el partido Morena, que ostenta la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso mexicano, ha podido cambiar leyes a su antojo, a menudo con la complacencia de los beneficiados por el régimen. Leonel Godoy, un diputado, llegó a afirmar que esta reforma del Poder Judicial representa “el nuevo Estado de Derecho”, celebrando la reforma constitucional.

Esta situación contrasta fuertemente con Estados Unidos, donde el Poder Judicial sigue siendo un baluarte contra el autoritarismo. En México, algunos celebran que el régimen político haya vuelto inoperante a la Suprema Corte, que antes era vista como la última defensa contra los abusos del poder. Fernández Noroña, por ejemplo, ha calificado a la Corte como “intrascendente” y ha cuestionado su capacidad para detener un proceso electoral.