La presidenta de Perú, Dina Boluarte , fue interrogada durante tres horas por la fiscalía que investiga las decenas de muertes en las protestas antigubernamentales luego de la destitución del exmandatario Pedro Castillo a fines del año pasado.
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, investiga a Dina Boluarte de forma preliminar por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por la muerte de 67 personas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, de las cuales 49 fueron producto de enfrentamientos con la policía y el Ejército.
Dina Boluarte, que ha negado antes abusos de la policía y afirma que algunos manifestantes actuaron con violencia, se retiró de la sede la fiscalía en el centro de Lima tras ofrecer su declaración al equipo fiscal que la investiga sin realizar comentarios a la prensa.
En las protestas, las peores en décadas en el país andino, los manifestantes pedían la renuncia de Dina Boluarte, elecciones anticipadas, una nueva Constitución y el cierre del Congreso, que destituyó a Pedro Castillo por intentar cerrar el parlamento.
Organismos de derechos humanos han afirmado que en las protestas, durante el nuevo gobierno de Dina Boluarte, las fuerzas de seguridad hicieron un uso indebido de sus armas, y que según testigos y familiares de las víctimas se cometieron abusos a los derechos humanos.
🔴 Presidenta Dina Boluarte se presentó este martes ante la Fiscalía de la Nación. Dialogamos con Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado.
— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 6, 2023
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¿Qué dijo la ONU sobre las acciones de Dina Boluarte?
Las Naciones Unidas reveló un informe sobre las protestas en Perú que dejaron 67 personas muertas, de las cuales, 49 fueron a manos de la fuerza pública.
Señaló que el gobierno peruano de Dina Boluarte hizo usó desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. De hecho, hicieron en mayo pasado, un llamado a que los responsables respondan ante la justicia.
El relator especial de la ONU, Clemént Nyaletsossi, rechazó los actos violentos y dijo que, “para superar la violencia debe haber justicia y una reforma política.”
“El Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento. Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones rindan cuentas de manera efectiva”, declaró.
También dijo que, entre las causas de las movilizaciones tras la llegada de Dina Boluarte, se encuentran la exclusión, racismo y discriminación. Como ejemplo, describió que las comunidades indígenas fueron estigmatizadas por el gobierno peruano de Dina Boluarte que las reprimió de forma violenta y desproporcionada.
Por otra parte, la ONU también rechazó la retórica hostil utilizada por el gobierno de Dina Boluarte contra el movimiento de protesta que fue etiquetado como “terrorrista.” Aclararon que, en el contexto peruano, ese término resultó peligroso y traumático.
Por último, indicaron que, al referirse al poder judicial peruano, se debía respetar la reunión pacífica evocando la responsabilidad del Estado para garantizarla.
