Elementos de la Policía de Guanajuato desmantelaron a una banda de “huachilecheros” en Irapuato; los implicados sustraían miles de litros de leche y lo sustituían con agua; esto se sabe.
Autoridades aseguraron alrededor de siete tinacos con capacidad de 1,200 litro cada uno, 20 tambos de 200 litros, junto con pipas, que presuntamente utilizaban para robar y adulterar la leche. Todo quedó bajo el resguardo de autoridades.
El operativo se realizó tras un reporte ciudadano en la comunidad de La Calera, en el municipio de Irapuato, donde las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, aseguraron un almacén ilegal de leche.
Reportan dos personas detenidas por venta ilegal de leche en Guanajuato
Tras la desarticulación de los “huachilecheros”, la Secretaría de Seguridad Estatal confirmó la detención de dos personas, identificadas como Francisco “N”, de 30 años de edad, y Ernesto “N”, de 49 años de edad; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.
“Ambos sujetos fueron sorprendidos extrayendo una parte de la leche para depositarla en tambos”, explicó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato a través de su sitio web.
De acuerdo con las autoridades, Francisco “N” y Ernesto “N” eran contratados para recolectar leche en algunas zonas rurales y realizar su traslado a plantas para su envasado y etiquetado; sin embargo, los sujetos desviaban una parte del producto para su venta ilegal, mezclándola con agua.
Huchilecheros robaban alrededor de 20 litros diarios de leche
A través de su página oficial, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato reveló que estos huachilecheros desviaban alrededor de 20 mil litros diarios de leche, lo que representa una pérdida mensual superiores a los 13 millones de pesos en el sector agroalimentario.
Las autoridades refirmaron que la recolección ilegal de leche además de generar pérdidas económicas, también pone en riesgo la salud pública de las y los guanajuatenses.
Hasta el momento se desconoce lo que pasará con los implicados, pues por ahora, están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que ellos determinen su situación legal.
