Balanzas en desequilibrio: La independencia judicial en EU y el riesgo en México

En la complicada danza de la gobernanza democrática, el poder judicial se erige como un socio crucial, un guardián que custodia el delicado equilibrio de poder.

Su independencia, la base sobre la cual se construye el estado de derecho, asegura que ninguna rama del gobierno pueda extralimitarse, salvaguardando los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Este principio, aunque universalmente elogiado, se manifiesta de formas contrastantes entre las naciones, como lo ilustran claramente las experiencias de Estados Unidos y México.

Mientras que el primero cuenta con una larga tradición de revisión judicial y sólidas garantías institucionales que permiten a sus tribunales controlar eficazmente al poder ejecutivo, el segundo se encuentra en una encrucijada crítica, lidiando con reformas que muchos temen erosionarán los cimientos mismos de su independencia judicial.

Estados Unidos, desde su fundación, ha abrazado la doctrina de la separación de poderes, distribuyendo la autoridad entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Este diseño constitucional incorpora un complejo sistema de pesos y contrapesos, donde cada rama tiene la capacidad de limitar las acciones de las otras dos.

Dentro de este sistema, el poder judicial desempeña un papel fundamental como control del poder ejecutivo a través de la revisión judicial.

Esta facultad, establecida en Marbury contra Madison (1803) , permite a los tribunales federales examinar la constitucionalidad de las leyes y los actos del presidente, incluyendo las órdenes ejecutivas.

A lo largo de la historia, los tribunales estadounidenses han invalidado numerosas órdenes ejecutivas, demostrando la efectividad de este mecanismo.

Ejemplos notables incluyen el bloqueo de la orden de Truman de incautar las acereras privadas y, más recientemente, el freno a partes de las órdenes de Trump sobre las ciudades santuario y la ciudadanía por nacimiento.

Revés judicial, tras revés judicial que la actual administración de Trump va recibiendo del sistema judicial estadounidense, otro ejemplo es del juez federal de Seattle Jamal Whitehead quien señaló en su fallo que las acciones del presidente implican una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” de establecer el programa de admisiones de refugiados del país, bloqueando su intento de cancelar el programa de admisión de refugiados.

La lista de frenos continua con el juez Carl Nichols quien ha paralizado la baja administrativa para 2.200 empleados de USAID tras haber escuchado los argumentos de la administración republicana y dos grupos representantes de trabajadores.

La capacidad del poder judicial estadounidense para ejercer este control se basa en varios pilares que garantizan su independencia.

Los jueces federales, incluyendo los de la Corte Suprema, son nominados por el Presidente y confirmados por el Senado, un proceso que introduce un elemento de escrutinio bipartidista.

Una vez confirmados, los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida, a menos que sean destituidos por el Congreso. Esto les permite tomar decisiones sin temor a represalias políticas.

Además, sus salarios no pueden ser disminuidos durante su mandato , asegurando su independencia económica. El Artículo III de la Constitución establece un poder judicial federal separado e independiente, sentando las bases para su autonomía.

En contraste, la historia de la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en México ha estado marcada por una influencia significativa del primero sobre el segundo.

Si bien la Constitución de 1917 establece la separación de poderes en la práctica, el ejecutivo ha ejercido históricamente un dominio considerable.

El sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por una confrontación constante con el Poder Judicial de la Federación (PJF).

López Obrador criticó repetidamente al poder judicial, acusándolo de corrupción, de servir a intereses minoritarios y de obstaculizar su proyecto blandengue de la “Cuarta Transformación”.

Su discurso público sesgado buscó minar la confianza en la judicatura, presentándola como un cuerpo elitista y desconectado del pueblo.

López Obrador argumentó que era necesaria una “limpieza” y “purificación” del poder judicial, insistiendo en que la elección popular de jueces era la vía para democratizarlo y erradicar la corrupción y el nepotismo.

Estas críticas, a menudo vertidas en sus conferencias de prensa diarias llamada “Mañaneras”, polarizaron la opinión pública y crearon una atmósfera de hostilidad hacia el poder judicial. Incluso llegó a insinuar que la Suprema Corte (SCJN) actuaba con motivaciones políticas cuando declaró inconstitucionales algunas de sus políticas.

Un momento específico de tensión ocurrió cuando la Suprema Corte (SCJN) declaró inconstitucionales varias de las políticas clave de López Obrador, lo que generó críticas directas y acusaciones de que la Corte actuaba con motivaciones políticas y servía a intereses contrarios al pueblo.

En junio de 2024, el Congreso Federal, con mayoría del partido de López Obrador, aprobó una enmienda al artículo 148 de la Ley de Amparo que prohibía a los jueces federales otorgar suspensiones generales como parte de los fallos de amparo.

Esta acción fue ampliamente interpretada como un intento de limitar el poder del poder judicial para frenar las políticas gubernamentales.

La reforma judicial y los ataques de López Obrador generaron una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional.

Jueces federales realizaron huelgas en agosto de 2024 en protesta por la reforma. Incluso diplomáticos de Estados Unidos y Canadá, usualmente reservados, emitieron críticas públicas sobre la reforma, lo que llevó a López Obrador a declarar una “pausa” informal en las relaciones diplomáticas con ambos países, acusándolos de interferencia en asuntos internos de México.

La Barra de Abogados de Nueva York también expresó su preocupación por la independencia del poder judicial mexicano tras las propuestas de reforma.

Expertos y analistas coinciden en que el discurso y las acciones de López Obrador contribuyeron a deteriorar la confianza pública en el poder judicial y a debilitar su independencia frente al poder ejecutivo.

La introducción de la elección popular de jueces, en particular, ha sido señalada como una medida que podría politizar aún más el sistema judicial y hacerlo más vulnerable a la influencia de intereses políticos y económicos, incluyendo la del propio ejecutivo.

En este clima de tensión, López Obrador impulsó una reforma constitucional en septiembre de 2024 que transformó radicalmente el sistema judicial mexicano.

La medida más controvertida fue la adopción de la elección popular de todos los jueces federales, incluyendo los ministros de la Suprema Corte. Esta reforma, aprobada en las últimas semanas de su mandato, también redujo el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve y limitó su mandato a doce años.

Además, se crearon nuevos órganos administrativos y disciplinarios, el Cuerpo de Administración Judicial (JAB) y el Tribunal de Disciplina Judicial (JDT), que sustituyeron al Consejo de la Judicatura Federal.

Estas reformas se aprobaron a pesar de las protestas de jueces y organizaciones de la sociedad civil.

La experiencia de Bolivia con la elección popular de jueces desde 2009 ofrece una perspectiva preocupante sobre los posibles efectos de esta medida en la independencia judicial.

En Bolivia, la elección judicial se ha caracterizado por la baja participación, la politización del proceso y la preocupación por la influencia política y del crimen organizado en la judicatura. Expertos advierten que este modelo puede comprometer la imparcialidad y la integridad del poder judicial.

La tabla comparativa revela diferencias cruciales entre los sistemas judiciales de EE.UU. y México tras la reforma:

Expertos coinciden en que la reforma mexicana representa un riesgo significativo para la independencia judicial. La elección popular podría politizar la judicatura, haciéndola vulnerable a la influencia de partidos políticos, intereses económicos e incluso el crimen organizado.

Esto podría erosionar la confianza pública en el sistema judicial y debilitar su capacidad para actuar como un control efectivo del poder ejecutivo.

Las preocupaciones se extienden a las implicaciones para la relación bilateral con Estados Unidos, afectando la confianza en la aplicación de acuerdos como el T-MEC y la cooperación en seguridad y derechos humanos.

Mientras que Estados Unidos cuenta con un sistema judicial con sólidas garantías de independencia que le permiten controlar al poder ejecutivo, México se enfrenta a un futuro incierto.

La reforma de 2024, aunque presentada como una pseudo salvación al sistema judicial, genera serias dudas sobre la capacidad del poder judicial mexicano para mantener su independencia y actuar como un control efectivo del poder ejecutivo. La experiencia de Bolivia sirve como una advertencia sobre los posibles riesgos de la elección popular de jueces.

La erosión de la independencia judicial en México, irritada por un discurso presidencial que socavó la confianza en sus instituciones, no solo amenaza el estado de derecho y la estabilidad democrática del país, sino que también podría tener profundas implicaciones para su relación con la comunidad internacional.

El inicio del 2025 marca un momento crítico para la independencia judicial en la región. Los esfuerzos por parte de los presidentes de Estados Unidos y México para subordinar este poder a tendencias autocráticas ponen en riesgo uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Mientras la justicia estadounidense lucha por mantener su autonomía, la erosión de la independencia judicial en México anticipa un panorama sombrío y aberrante donde las consecuencias serán sufridas por millones de ciudadanos.