El Gobierno de México ha emitido un decreto que otorga pensiones vitalicias a los padres y madres de los niños que perdieron la vida en el trágico incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Esta medida también se extiende a aquellos niños que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo durante el siniestro.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, modifica disposiciones anteriores establecidas desde julio del 2010, reconociendo la gravedad del daño causado por el incendio. La nueva normativa busca proporcionar apoyo económico a las familias afectadas, quienes han enfrentado un largo proceso de duelo y dificultades económicas desde el incidente.
Entre las medidas incluidas en el decreto se encuentran pensiones vitalicias para las madres y padres de los infantes fallecidos, así como para aquellos niños que sufrieron lesiones permanentes.
También se contempla una ayuda económica para las maestras y otros adultos que resultaron afectados durante el incendio. Estas pensiones están diseñadas para ofrecer un alivio financiero a las familias que han sufrido pérdidas irreparables.
El decreto establece que los beneficiarios recibirán una medida equivalente a la Pensión Garantizada, conforme a lo estipulado en la Ley del Seguro Social.
Además, se han implementado medidas adicionales para garantizar que los niños lesionados de forma permanente reciban atención médica adecuada y apoyo educativo. Esto incluye becas para su educación en niveles básicos y superiores, así como la cobertura de gastos relacionados con su salud.
¿Cómo ocurrió la tragedia en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora?
La tragedia del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, se produjo el 5 de junio de 2009, a las 14:45 horas, resultando en la muerte de 49 menores y dejando a numerosos heridos. El fuego comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda y se propagó rápidamente hacia el recinto infantil.
El muro que separaba ambas instalaciones tenía deficiencias estructurales significativas, incluyendo orificios y rieles metálicos mal sellados. Estas condiciones permitieron que el humo y el fuego ingresara sin obstáculos a las áreas donde se encontraban los niños.
Los testimonios de vecinos señalaron que la evacuación fue extremadamente difícil desde el inicio del incendio. A medida que la situación se deterioraba, las ambulancias disponibles fueron insuficientes para atender a los heridos, lo que obligó a trasladar a los niños afectados en vehículos particulares y patrullas.
A pesar de las inspecciones previas realizadas por un arquitecto contratado por el IMSS, quien había advertido sobre irregularidades en la seguridad del inmueble, se habían otorgado permisos para su operación desde 2001 y 2007 sin que se implementaran las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro.