Esta semana Cuba introdujo el Decreto-Ley 35, controles más estrictos sobre el uso de las redes sociales. Estos incluyen la prohibición de publicaciones que puedan dañar “el prestigio del país”, lo cual enfureció a muchos ciudadanos y activistas de derechos internacionales.
El Decreto-Ley 35, publicado en el boletín oficial el martes 17 de agosto, se produce un mes después de las protestas antigubernamentales más generalizadas en el país comunista en décadas, que se difundieron en parte debido a la información compartida en las redes sociales.
La legislación prohíbe la difusión de noticias o mensajes falsos y contenidos considerados ofensivos o que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”. También proporciona un canal para que los cubanos informen sobre posibles infracciones.
Aquellos que hayan intentado “subvertir el orden constitucional” serán considerados ciberterroristas. No dice cuáles serán las sanciones por infracciones.
“Nuestro DecretoLey 35 va en contra de la desinformación y las mentiras cibernéticas”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel, quien culpó de las protestas del 11 de julio a una campaña en línea de contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos.
Los analistas cubanos compararon la medida con el totalitarismo de 1984 de George Orwell, diciendo que temían que las vagas definiciones de lo que constituye una violación permitieran una implementación arbitraria.
“Cuba está formalizando la represión digital”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas, y señaló que el estado ya tenía el monopolio del acceso a Internet, el cual fue reducido durante y después de las protestas del 11 de julio.
Esto me dijo @ErikaGuevaraR, directora para América de @AmnistiaOnline sobre el Decreto Ley 35 que coarta las libertades civiles en #Cuba. Todos los detalles en mi reportaje de hoy https://t.co/KED14peSwG #NoAlDecretoLey35 pic.twitter.com/ZUBxIsT5xu
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) August 18, 2021
El internet en Cuba
Desde la introducción de Internet móvil hace poco más de dos años, plataformas como Facebook y WhatsApp han permitido a los cubanos compartir sus quejas e incluso movilizarse en un país donde los espacios públicos están estrictamente controlados.
El nuevo decreto de Cuba ordena explícitamente al monopolio estatal de telecomunicaciones suspender los servicios a los usuarios que hayan cometido infracciones, en coordinación con las autoridades pertinentes.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba trabajando con el sector privado y el Congreso para buscar formas de hacer que Internet sea más accesible para el pueblo de Cuba.
Algunos cubanoestadounidenses han utilizado las redes sociales para alentar a los cubanos en la isla a levantarse contra el gobierno, y algunos incluso instaron a cometer actos de sabotaje.
Pero muchos jóvenes cubanos dicen que eso no debe ser una excusa para que se les prohíba expresarse y han recurrido a las redes sociales para criticar la nueva medida, promulgada un mes después de las protestas que resonaron con gritos de “libertad”.
El analista legal cubano con sede en Canadá, Eloy Viera, dijo que el Decreto 35 delineó las regulaciones en lugar de actualizar el código penal, por lo que no daría lugar a penas de cárcel para quienes se encontraran transgrediendo.
Pero esta es una medida más severa y explícitamente política para regular la expresión en línea que un decreto anterior de 2019, que prohíbe la “difusión de información contraria al bien común, la moral, la decencia y la integridad”, dijo.
Los críticos del gobierno han enfrentado multas bajo ese decreto, dijo Viera. Pero al final no había sido efectivo y tampoco, probablemente, lo sería el Decreto 35.
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