Fiscalía de Derechos Humanos obtiene una sentencia de 50 años de prisión para un expolicía por participar en la desaparición de dos jóvenes de Chihuahua. Los hechos de que se le acusan sucedieron cuando estaba en activo y detuvo ilegalmente a dos personas, cuyos cadáveres fueron encontrados un mes después en una fosa clandestina.
La acusación fue presentada por el Ministerio Público, que demostró que la noche del 27 de febrero de 2021, el ahora sentenciado, identificado como Ricardo Samuel M.P., participó en la detención ilegal de dos jóvenes cuyos nombres tienen las siglas A.I.G.B. y O.J.L.H. Los hechos se registraron afuera de un local comercial en la colonia Sierra Azul.
Los cuerpos de los jóvenes fueron localizados en una fosa clandestina
Las pruebas testimoniales y documentales que se recabaron durante las investigaciones ministeriales demostraron que Ricardo Samuel M.P., junto con otros policías, detuvieron y subieron a los jóvenes a vehículos oficiales para posteriormente trasladarlos a un lugar desconocido, sin que los oficiales dieran parte de la detención.
El 28 de marzo, un mes después de la detención ilegal, los elementos de búsqueda e investigación asignados al caso localizaron una fosa clandestina en un lugar conocido como “Ejido Carrizadillo”, en el cual se encontraron los cuerpos sin vida de ambas víctimas. A partir de ahí y con el trabajo coordinado de diferentes Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Analistas de Contexto, se pudo identificar la participación de cinco elementos policiacos, entre los que se incluye al hoy sentenciado, participaron en estos hechos delictivos.
Expolicía estaba prófugo de la justicia
Después de un año de encontrarse prófugo de la justicia, el expolicía Ricardo Samuel M.P. llegó voluntariamente a las instalaciones del C4 en el mes de abril del 2022 con el objetivo de entregarse ante la autoridad ministerial. Inmediatamente, fue detenido por el delito de desaparición forzada con penalidad agravada.
Fue así que este lunes 28 de octubre de 2024, tras un juicio oral, los jueces del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento acordaron por decisión unánime una sentencia de 50 años de prisión y el pago de un millón 451 mil 434 pesos como pago por daño material y gastos funerarios, así como una suma adicional por el concepto de daño moral.
Además, se solicitaron medidas de rehabilitación y compensación integral, que incluye una disculpa pública por parte de la corporación policiaca hacia la familia de las víctimas, esto como parte de los estándares internacionales para enjuiciamiento de los delitos violatorios de Derechos Humanos.
