El Instituto Nacional Electoral ( INE ) ha solicitado un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para organizar la primera elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Esta cifra ha desencadenado un intenso debate en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores cuestionan la necesidad de tal gasto.
La consejera Norma Irene de la Cruz defiende que “no es un asunto de pesos y centavos”, mientras que otros, como Claudia Ruiz Massieu, exigen responsabilidad en el uso de los recursos públicos, pero, ¿cuáles son las implicaciones financieras y políticas de esta solicitud para los mexicanos?
¿Y México? El presupuesto del INE para la elección judicial
El INE ha presentado una solicitud de 13 mil 205 millones de pesos para llevar a cabo la elección de jueces y magistrados en 2025 . Este monto ha generado controversia, ya que se considera superior al costo de las elecciones federales pasadas. Norma Irene de la Cruz, consejera del INE, enfatiza que “aquí no es un asunto de pesos y centavos, es el asunto del valor”, refiriéndose a la importancia de garantizar la legitimidad en el proceso judicial.
Los diputados del bloque oficialista han expresado su descontento con el monto solicitado. Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, argumenta que “en la elección del año pasado fue para elegir 20 mil 708 cargos”, mientras que ahora solo se elegirán 881 cargos, lo que considera un incremento exagerado.
Por su parte, Claudia Ruiz Massieu, diputada del Movimiento Ciudadano, insta a los legisladores a “asumir su responsabilidad” y proporcionar el presupuesto necesario para cumplir con los estándares constitucionales.
La crisis presupuestal del INE y sus implicaciones para las elecciones
La discusión sobre el presupuesto del INE refleja tensiones más amplias en la política mexicana sobre cómo se gestionan los recursos públicos. La aprobación del presupuesto será crucial no solo para el éxito del proceso electoral, sino también para mantener la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La situación plantea preguntas sobre cómo se valoran las elecciones y qué costos están dispuestos a asumir los legisladores para garantizar procesos transparentes y legítimos.
