¡Desacato federal! Gobierno transfiere ilegalmente 10 mil millones del CJF
Este episodio evidencia una preocupante tendencia de violación a la legalidad por parte del Gobierno Federal, que no sólo afecta a instancias judiciales.
En un hecho que ha generado amplia preocupación en el ámbito jurídico y financiero, el Gobierno Federal volvió a incumplir una orden clara de un juez federal al permitir que Nacional Financiera (Nafinsa) tocara, y peor aún, transfiriera ilegalmente más de 10 mil millones de pesos que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Esta acción contraviene directamente una suspensión judicial que impedía cualquier movimiento de estos recursos mientras no se resolviera la controversia constitucional derivada de la Reforma Judicial.
Violación flagrante de la suspensión judicial y leyes fundamentales
Halley Ávila, abogado experto en temas fiscales y financieros, señala que “el actual gobierno ha estado violando suspensiones; esto tiene su origen desde el caso del Tren Maya, donde a pesar de suspensiones, las autoridades las han estado incumpliendo. Ahora con la reforma judicial el tema es aún más grave, porque ni las suspensiones ni la controversia constitucional se han resuelto, y sólo la Suprema Corte tiene facultad para hacerlo”.
Además de saltarse la orden judicial, esta acción quebranta leyes bancarias y de responsabilidad hacendaria, debido a que los recursos, que sólo el Consejo de la Judicatura podía disponer, se encontraban en un fideicomiso destinado específicamente a la liquidación de jueces.
La transferencia ilegal de este dinero no solo es un agravio legal sino un atentado contra la autonomía y funcionalidad del Poder Judicial.
Un capítulo más en la crisis del Estado de derecho en México
Ávila describe la situación como “una época oscura en el Estado de derecho, donde a pesar de que particulares, abogados y asociaciones solicitan que se respeten sus derechos, ciertas instituciones incumplen las sentencias, suspensiones y amparos otorgados”. Este incumplimiento sistemático socava la confianza en las instituciones y el sistema legal del país.
Nacional Financiera, como banco de desarrollo, se ve altamente cuestionado tras esta acción. Luis Rodríguez Alemán, experto en temas legales, advierte que “genera preocupación este tipo de decisiones porque no se sabe si el dinero o recursos que administre esta entidad estarán realmente seguros ante futuras decisiones gubernamentales o cambios legales”.
Este incidente pone en duda la estabilidad y la fiabilidad de Nafinsa para quienes dependen de sus servicios, especialmente pequeñas y medianas empresas (PYMES), que buscan apoyo financiero confiable.
Posibles acciones legales para la recuperación de recursos
Expertos legales sostienen que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la posibilidad de interponer demandas mercantiles y penales contra quienes resulten responsables para recuperar el dinero y sancionar las conductas ilícitas.
Este caso no solo implica la restitución de recursos, sino también el fincamiento de responsabilidades para evitar que situaciones similares se repitan, reafirmando el respeto a la Constitución y a la autonomía judicial en México.
Este episodio evidencia una preocupante tendencia de violación a la legalidad por parte del Gobierno Federal, que no sólo afecta a instancias judiciales sino también a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar y proteger los recursos públicos. La resolución de la controversia constitucional y el respeto irrestricto a la Constitución son, ahora más que nunca, imperativos para la consolidación del Estado de derecho en México.
