Las Fuerzas Armadas podrán seguir realizando labores directas de seguridad pública hasta marzo de 2024, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo presidencial de mayo de 2020, que así lo establece.
Por mayoría de ocho votos, el Tribunal Pleno avaló la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, en la que señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador no invadió atribuciones del Poder Legislativo al instrumentar el uso de los militares en tareas de seguridad pública.
Corte avala uso de Fuerzas Armadas en tanto hay Guardia Nacional
En su sesión de este martes los ministros rechazaron que el Acuerdo no esté debidamente fundado y motivado, o que se vulnere la idoneidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
“El nivel de criminalidad y delincuencia en México es agobiante, y eso lo tuvo en cuenta el Constituyente. Esta es la elección del constituyente permanente, en sede democrática. Y quiero acotar bien esto porque el Acuerdo del uso de fuerza armada permanente no es el centro de toda la política militar.
“Mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de la fuerza armada permanente a fin de colaborar con la seguridad pública de la ciudadanía mexicana. Las preocupaciones personales sobre esta materia pueden encontrar su verdadero cauce al discutir las otras aristas que circundan el tema sobre el uso de las fuerzas armadas en nuestro país”, señaló Ríos Farjat.
3 ministros rechazaron Fuerzas Armadas como política de seguridad
En contra de la propuesta sólo se pronunciaron los ministros Luis María Aguilar y Juan Luis González Alcántara Carrancá y de forma parcial Alberto Pérez Dayán, quienes coincidieron en que la disposición de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no puede ser una política pública.
“Se debió justificar plenamente y de manera clara por qué la participación de las Fuerzas Armadas cumplió con los requisitos de ser subordinada, extraordinaria y complementaria, lo cual, desde mi punto de vista no se hizo”, explicó Aguilar Morales.
Zaldívar: “no nos corresponde enjuiciar política de seguridad”
Para otro bloque de ministros como el ministro presidente, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Jorge Pardo durante mucho tiempo se utilizó a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin una base legal, la cual sí les otorga ahora el decreto analizado.
“No nos corresponde como tribunal pleno valorar o enjuiciar la política pública de seguridad”, expuso Zaldívar.
