Las reformas aprobadas al vapor a la Ley Minera estarán bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos meses, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó analizar la impugnación promovida por diputados de oposición.
Dichas reformas a la legislación modifican, entre otros puntos, los plazos de las concesiones, limita el uso del agua y obliga a las empresas del sector a pagar una contraprestación a las comunidades vecinas a las áreas de explotación.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida desde el 7 de junio por 192 diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que impugnan la totalidad del decreto que incluye las leyes generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, además de la Ley de Aguas Nacionales, que también fueron modificadas para intentar moderar los daños al entorno que causa la industria extractiva.
Legisladores opositores demandan que hubo violaciones en la aprobación de estas reformas de la Ley Minera
Los legisladores de la oposición sostienen en su demanda que hubo graves violaciones al proceso legislativo presuntamente cometidas durante la aprobación de estas reformas.
Apenas el 21 de junio, una empresa enfocada a la minería se vio beneficiada por un juez federal que le concedió una suspensión que frena provisionalmente y sólo para ella todos los efectos de la reforma minera.
Se trata de la compañía Cobre del Mayo, la cual consiguió que el titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis, le otorgara el beneficio judicial.
Mineras han emprendido acciones legales contra la reforma
Justo 20 días antes, al tener un procedimiento de concesión minera en trámite, una empresa canadiense se vio beneficiada por una suspensión provisional que un juez le concedió para frenar sólo una porción de la reforma minera impulsada por el Gobierno Federal.
Se trata del consorcio First Majestic Plata, el cual se amparó ante un juzgado en materia administrativa contra la legislación aprobada en fast track por el Congreso de la Unión al considerar que impacta negativamente en su petición de trámite de nueva concesión de exploración y explotación.
