SCJN revisará fallo que dejó en libertad a Rosario Robles

La SCJN revisará la sentencia que absolvió a Rosario Robles en el caso conocido como la “Estafa Maestra”, por lo que recuperó su libertad en 2023.

Escrito por: Ricardo Torres y Jennifer García

Rosario Robles

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la sentencia que absolvió a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en el caso conocido como la “Estafa Maestra”, en el cual fue señalada de omisión en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.

El recurso fue promovido por la Auditoría Superior de la Federación en el cual pide que se revise un amparo que le negó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, en abril pasado.

En los estrados se publicó el acuerdo de la presidencia del máximo tribunal, en el cual se informó la admisión a trámite del asunto que fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá , encargado del estudio y en su caso elaborar un proyecto de sentencia.

Proceso de Rosario Robles llegó a su fin en 2023

Como antecedente del caso, el 24 de febrero de 2023, un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, decretó el fin del proceso contra la exservidora pública, en cumplimiento a una sentencia de amparo, dejando a Robles Berlanga absuelta de la acusación.

Tras esta decisión, la Fiscalía General de la República apeló el fallo, ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación quien confirmó la sentencia el 30 de noviembre del mismo año.

Fue entonces cuando la Auditoría Superior de la Federación buscó revertir esa decisión mediante un amparo, le fue negado y solicitó la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que admitió a trámite dicha solicitud.

¿Qué es la “Estafa Maestra”?

La “Estafa Maestra” es como se le conoce a una investigación periodística que destapó a más de 100 empresas fantasma por las que se desvió alrededor de 7 mil 760 millones de pesos por medio de contratos de servicios que no se realizaron.

Estas empresas estaban involucradas con 11 dependencias de México, entre ellas 8 universidades públicas, empresas privadas y al menos 50 servidores públicos de distintos niveles.

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