A pesar de sus negativas, el gobernador de Nuevo León , Samuel García, tendrá que publicar una serie de decretos legislativos, con 27 reformas a la Constitución local, aprobados por el Congreso estatal luego de que se le negara una suspensión desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ).
Un ministro del máximo tribunal del país rechazó la petición de García debido a que, de frenarse la publicación de dichas normas, se paralizaría el proceso legislativo y se afectarían instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, cuyas bases y principios derivan de la Constitución.
“La suspensión de la publicación de los multicitados decretos en el periódico oficial del Estado de Nuevo León obstaculizaría la debida conducción del procedimiento legislativo de creación y modificación de reformas constitucionales en dicho Estado y, por tanto, se pondría en peligro una institución fundamental del orden jurídico mexicano, pues se paralizaría el procedimiento legislativo”, señala el acuerdo del ministro Arturo Zaldívar.
Samuel García buscaba ausentarse del Estado
Fue desde marzo pasado cuando Samuel García presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de reformas a la Constitución de Nuevo León aprobadas por el Congreso del Estado de Nuevo León mediante los decretos 340, 341 y 342.
Dichos decretos están relacionados con un permiso al gobernador para ausentarse del Estado, además de que le quitan facultades como titular del Ejecutivo como designar magistrados, así como una reforma al procedimiento para la elección del Fiscal General, y la aprobación de la propuesta que haga el titular del Poder Ejecutivo de los cargos del secretario General de Gobierno, así como del titular y los servidores públicos de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Tesorería.
“Las circunstancias y características particulares de la presente controversia constitucional impiden realizar en el auto de suspensión un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante que lleven a la convicción de que existe una razonable probabilidad de que sus pretensiones tengan una apariencia de juridicidad o de buen derecho sin invadir o afectar la materia del fondo del asunto”, indicó Zaldívar.
El mandatario estatal puede impugnar la decisión de Zaldívar Lelo de Larrea mediante un recurso de reclamación que podría resolver una de las dos Salas de la Suprema Corte en las próximas semanas.
