La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó una reforma que impondrá cobros al Poder Judicial por el uso de servicios de correos y telegráficos para las notificaciones de amparo o de incidentes de suspensión que se realicen a través del Servicio Postal Mexicano.
La reforma abarca los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, misma que se aprobó con 217 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 158 en contra del PAN, PRI, MC y PRD.
Costos en correos y telegráficos podría superar mil millones de pesos
Se calcula que el costo de los servicios de correos y telegráficos que utiliza el Poder Judicial para enviar notificaciones de amparo es de poco más de mil millones de pesos cada año.
La reforma también establece que quedara sin efecto la multa de 100 a mil días a los jefes o encargados de oficinas públicas de comunicaciones que se nieguen a recibir o transmitir los mensajes, solo cuando el Poder Judicial no haya cumplido con el pago por uso de los servicios de correos o telegráficos.
El dictamen generó un debate de acusaciones y reproches
La oposición alerta que la reforma atentar contra la división de Poderes, pero Morena lo rechazó.
Mirza Flores, diputada de MC, señaló “el objetivo de la iniciativa es menoscabar la integridad de un poder constitucional del Estado. No podemos seguir legislando sin evidencia, con ocurrencia, con venganza, a partir de motivaciones políticas”
Por su parte, Carolina Viggiano del PRI retó a los partidos oficialista “por qué no mejor debatimos aquí por la justicia cotidiana, por los estados del país a quienes debemos garantizarles un porcentaje del presupuesto de los estados, para que no tengan que hincarse ante los poderes estatales para pedirles sus presupuestos y así garantizarles autonomía, garantizarles independencia, Eso sí es una reforma de gran calado”.
Por Morena el vicecoordinador, Leonel Godoy, aclaró “cuando presentamos esta iniciativa, jamás pensamos que el debate fuera sobre supuestamente querer debilitar al Poder Judicial de la Federación. Nuestro objetivo era y es fortalecer dos empresas públicas, dos servicios públicos que se dan a la población. Del 2006 al 2023, Correos de México dejó de recibir 310 millones de pesos y Finabien del 2012 al 2022 dejó de recibir 7 mil 647 millones de pesos. Se imaginan en qué condiciones tendríamos estos servicios para el pueblo de México”.
Al final el dictamen se aprobó por la mayoría de votos y se turnó al Senado para su validación.