Un juez federal aceptó este martes analizar uno de los primeros amparos promovidos en contra de diversos aspectos del denominado “Plan B” de la reforma electoral , en materia de comunicación, impulsado por el Gobierno de México.
El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz rechazó suspender la reforma a la Ley General de Comunicación Social por la cual estados y municipios sólo pueden destinar el 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Juez admite a trámite amparo contra “Plan B” y gasto en comunicación
Según registros judiciales, el juzgador admitió a trámite la demanda de amparo 202/2023 promovida por la Asociación de Municipios de México, la cual argumentó que el tope fijado en el artículo 26 de la legislación viola el artículo 134 de la Constitución sobre propaganda gubernamental.
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior”, señala la norma impugnada.
Reforma impone freno a presupuesto a programas de comunicación
Incluso se expone que los Entes Públicos pueden presentar a la Unidad Administradora modificaciones al contenido del Programa Anual de Comunicación Social, a más tardar, el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal.
En caso de que la modificación implique un incremento del gasto asignado, el Ente Público debe explicar en la solicitud las situaciones de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o, en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos para el Estado.
Gobiernos, municipios e INE impugnaron reforma ante la SCJN
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno estatal de Coahuila, y municipios de oposición como Durango, Hermosillo, Guanajuato, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Campeche, Querétaro y Mérida, ya impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la misma
reforma
, pero todos estos recursos están pendientes de admisión en el máximo tribunal.
