Denuncian campaña electoral ilegal de Andrea Chávez en Chihuahua; PAN y PRI exigen investigación

El escenario político del Senado de la República ha vuelto a verse sacudido por acusaciones que involucran a la senadora de Morena, Andrea Chávez. Las denuncias se centran en la organización de caravanas de salud en el estado de Chihuahua, las cuales se alega que tienen como objetivo promover su imagen con fines electorales.

Estas acusaciones han desencadenado un intenso debate y han provocado reacciones firmes por parte de otros partidos políticos, como el PAN y el PRI.

Las acusaciones en contra de Andrea Chávez incluyen una amplia gama de delitos, entre los cuales se destacan el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, el peculado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencia, la asociación delictuosa, la precampaña y la promoción personalizada ilegal.

Estas denuncias llevaron a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y actos anticipados de campaña.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, manifestó que Andrea Chávez está realizando una campaña anticipada de manera ilegal.

Aunque no se critica que tenga aspiraciones electorales, se subraya que las acciones que se le atribuyen transgreden las leyes vigentes. Roberto Gil Zuarth, abogado del PAN, ha enfatizado que lo que se le reprocha a Chávez es el uso de recursos públicos con fines políticos y electorales, lo cual perjudica al pueblo al mantenerlo en una situación de pobreza y enfermedad.

Además, el empresario Fernando Padilla es señalado como el financiador de la supuesta campaña anticipada de Andrea Chávez. Padilla es conocido por sus estrechos vínculos con el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y ha sido contratista de varios gobiernos emanados de Morena.

Jorge Triana, vocero del PAN, ha expresado que esto no solo sugiere influencias indebidas, sino que también apunta hacia posibles casos de lavado de dinero y peculado electoral.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se ha sumado a las peticiones para que se investigue a la senadora de Morena y ha exigido que cese la protección que, según ellos, recibe desde la coordinación de Morena en el Senado. Esta posición refleja el consenso entre varios partidos políticos respecto a la necesidad de clarificar los hechos y aplicar la justicia de manera imparcial.