El brasileño Dani Alves será enjuiciado por delito de agresión sexual, acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el mes de diciembre de 2022, así lo dio a conocer la Audiencia de la ciudad catalana.
La Audiencia confirma el procesamiento del ex jugador de la selección brasileña, al concluir que las declaraciones de la víctima y los testigos, así como las pruebas periciales, sustentan suficientes indicios para enviarlo a juicio por un delito de agresión sexual.
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Con esta resolución, se abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima presenten sus escritos de calificación, último trámite antes de fijar la fecha del juicio.
En el mes de julio las autoridades habían ratificado prisión preventiva para el brasileño en la que se encuentra tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra acusado de violar a la joven de 23 años en el reservado de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre, y le impuso una fianza de 150.000 euros para cubrir una eventual indemnización a la víctima.
La defensa de Dani Alves pidió la nulidad de la causa
La defensa de Alves, que desde octubre pasado ejerce Inés Guardiola, pidió la nulidad de la causa al considerar que las filtraciones sobre la investigación habían vulnerado su presunción de inocencia, que se habían obviado de forma “interesada y torticera” los elementos que ponían en duda la denuncia de la víctima y que la juez había perdido la “neutralidad” debido al “juicio paralelo” al ex futbolista en los medios de comunicación.
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“Cuando la difusión mediática lo es a gran escala, la contaminación de la investigación judicial se vuelve irremediable e irreversible, siendo la vulneración de los derechos fundamentales que asisten al investigado insubsanable”, apuntaba el recurso de la defensa de Alves.
La Audiencia de Barcelona reconoce que las causas que afectan a “personajes públicos” tienen una “indudable repercusión mediática” y que en los medios se pueden verter opiniones que atenten contra la presunción de inocencia “en su vertiente extraprocesal”, si bien concluye que ello no afecta al proceso judicial y precisa que la vía para resolverlo sería el ámbito de protección del derecho al honor.
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