Dani Alves, condenado esta semana a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022, recibirá 1.2 millones de la Hacienda española, condenada en otro caso sobre la fiscalidad del deportista.
la Audiencia Nacional española estima el recurso presentado por el futbolista brasileño en contra del proceso abierto por Hacienda por el pago de los servicios de un agente FIFA. Con la nueva sentencia, Hacienda tiene que devolver a Dani Alves un total de 1.2 millones de euros.
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Los abogados del exjugador del Barcelona, según el diario La Vanguardia que publicó este día la sentencia, tienen la intención de insistir ante la Agencia Tributaria para que proceda a la devolución de forma inmediata con la intención, según han adelantado, de que ese capital se presente como garantía de fianza para pedir la libertad provisional del jugador hasta que la sentencia por agresión sexual sea firme.
Abogada de Dani Alves buscará la libertad del jugador
La abogada del futbolista por la agresión sexual, Inés Guardiola, recurrirá la sentencia por ese caso y en los próximos días pedirá la libertad de Dani Alves al entender que con la sentencia dictada, menor que las penas de 9 y 12 años que pedían la Fiscalía y la acusación particular, ha desaparecido el riesgo de fuga elevado.
Para ello, presentará parte del dinero que Hacienda debe a Alves como garantía de que no huirá.
Alega su abogada, además, que Dani Alves tiene otros antecedentes, tiene una vivienda en Barcelona y entregó su pasaporte tras ser detenido el 20 de enero del año pasado, día en el que ingresó en prisión.
Dani Alves tiene un proceso judicial abierto en Brasil
El jugador brasileño tiene todas sus cuentas bancarias inmovilizadas desde su detención, por lo que no puede disponer de su dinero. A ello se suma el proceso judicial abierto en Brasil por su exmujer Dinorah Santana por la pensión de sus dos hijos, que ha conducido hasta el momento al embargo de todo su capital.
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Esta es la causa por la que Alves tuvo que recurrir al padre de Neymar para pagar los 150,000 euros de responsabilidad civil que le reclamó el juzgado durante la instrucción del caso por violación, dinero que le ha servido de atenuante para rebajar la condena.
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